La población LGBTI es víctima de discriminación, rechazo e intolerancia, lo que se evidencia en las graves violaciones a sus derechos humanos, la violencia sexual y de todo tipo basada en su género, las agresiones físicas y verbales, la estigmatización por parte de la sociedad, y la más grave expresión de rechazo que se evidencia en los asesinatos por odio, especialmente hacia mujeres trans.

En virtud de lo anterior, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), desde el año 2009 ha venido realizando, conforme a su mandato legal contemplado en el artículo 194, romano 1 de la Constitución, acciones de incidencia a favor de la población LGBTI. Fue así que en el año 2012 se conformó la Mesa Permanente sobre los Derechos Humanos de la Población LGBTI, integrada por la misma Procuraduría, organizaciones de la sociedad civil y activistas independientes de dicha población.

En mayo de 2013, en cumplimiento del mandato antes citado, la PDDH participó en la elaboración  del presente informe, el cual tiene como propósito primordial evidenciar las problemáticas más premiantes de la población trans y las oportunidades reales de protección por parte del Estado,  proponer una plataforma de diálogo entre los actores pertinentes para enfrentar las brechas de desigualdad, así como plantear la forma de seguimiento a los espacios y al marco jurídico vigente de protección de este colectivo.

El presente informe pretende visibilizar la situación real de la población trans en el ejercicio de sus derechos civiles, tales como el derecho a la identidad y al nombre, a la dignidad, al acceso a la justicia, a la seguridad personal, a la participación política, entre otros; y en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso al derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a una vivienda digna, etc., lo que se ha tratado de mostrar a través de las entrevistas  realizadas a funcionarios(as) de instituciones claves en la protección de la población LGBTI.