La Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos presentó la campaña conceptual de uso de la fuerza de la Policía Nacional Civil (PNC), con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía los límites de la actuación de esa institución de seguridad, basados en el respeto a los derechos humanos, la protección y la igualdad.

La campaña contó con el apoyo técnico y financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y es una de las primeras acciones que desarrolla la mesa como parte de su plan de trabajo de 2018.  

La iniciativa brinda una versión amigable del “Marco Conceptual para el Uso de la Fuerza y el Empleo de Armas Letales en la Policía Nacional Civil de El Salvador”, facilitando su difusión a través de medios impresos, web institucionales, redes sociales, televisión y radio. Estas acciones se complementan con jornadas de sensibilización e información sobre el uso de la fuerza y las armas letales, así como sobre procesos de denuncia ante posibles abusos, en los 50 municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro.

Además, como parte de las actividades de la campaña, se realizarán ocho actividades con las comunidades, en municipios del Departamento de San Salvador, en las que se promoverá la convivencia en espacios públicos y se entregará la versión amigable del manual.

La mesa de actuaciones policiales y derechos humanos fue convocada en octubre de 2016 por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), con el objetivo de contribuir a la mejora de las actuaciones de las fuerzas de seguridad pública desde un marco de derechos humanos.

Está conformada de forma intersectorial. En ella participan organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de derechos humanos, como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA); el Servicio Social Pasionista (SSPAS); la Fundación Cristosal; la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); y, el Foro de Organizaciones de la Cooperación Internacional Solidaria (FOCIS).

Además, participan distintas instituciones del Estado como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Dirección de Atención a Víctimas (DAV), la Unidad de Controles internos de la PNC, la Inspectoría General de Seguridad Pública (IGSP) y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

Su plan de trabajo incluye también el desarrollo de productos para fortalecer las capacidades ciudadanas para identificar y denunciar violaciones a derechos humanos por partes de las fuerzas de seguridad pública; la generación de productos para acciones de formación en temas vinculados al abuso de la fuerza y el fortalecimiento de mecanismos de apoyo interinstitucional e intersectorial para atención a víctimas de violaciones de derechos humanos.