El fortalecimiento de espacios de participación y contraloría de la sociedad civil es fundamental para promover el respeto irrestricto a los derechos humanos en la aplicación de la ley y de las distintas políticas públicas de seguridad ciudadana.  Es con ese espíritu que fue creada la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos.

Convocada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, esta instancia tiene como objetivo dar seguimiento a casos vinculados a actuaciones de las fuerzas de seguridad pública, específicamente de la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC se fundó a partir de los Acuerdos de Paz, para garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, la seguridad, la tranquilidad y el orden, previniendo y reprimiendo el delito, con estricto respeto a los derechos humanos. Velar por mantener su esencia es responsabilidad del Estado, pero también requiere el involucramiento de distintos sectores.

La Mesa conformada por Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones del Estado defensoras de derechos humanos, así como organismos internacionales, busca incidir en la toma de decisiones públicas relacionadas con el control y persecución del delito a través del fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la gestión de productos del conocimiento y la articulación interinstitucional.

En esa línea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Programa Conjunto de Paz para la Generación Post Conflicto, apoyará de forma técnica y financiera el plan de trabajo de la mesa.  Se impulsará el desarrollo de un sistema de indicadores de control interno de la PNC, la construcción metodología para la sistematización de casos relacionados con el abuso de la fuerza y armas letales y el desarrollo de una guía de procedimientos policiales.

Verónica Reyna, integrante de la mesa de actuaciones como parte de la organización defensora de derechos humanos Servicio Social Pasionista (SSPAS), destacó la necesidad de fortalecer este y otros espacios de la sociedad civil.

“La participación de la sociedad civil permite poner sobre la mesa preocupaciones más vinculadas a las víctimas de abusos y tener una perspectiva crítica de las políticas de seguridad desarrolladas por el Gobierno. Además, esta perspectiva mantiene una visión de derechos humanos, tratando de hacer un ejercicio de control entre los marcos normativos más amplios y la aplicación en terreno de estos, desde una visión de respeto, protección y garantía de derechos humanos”.

Reyna agregó que la evolución del espacio y la incorporación de otros actores ha permitido integrar esfuerzos y perspectivas de abordaje a la problemática. “En el contexto actual, consideramos importante aportar en estrategias de solución orientadas a prevenir la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, mejorar los controles internos y externos de la Policía y brindar justicia y reparación a las víctimas, garantizando la no repetición”, mencionó.