Nuevo informe brinda información sobre hechos de violencia contra las mujeres

30 de Mayo de 2018

Fotografía: Ixchel Pérez, PNUD.

Al menos 20 mil 880 hechos de violencia contra las mujeres se cometieron en El Salvador el año pasado, según el nuevo informe del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia Contra la Mujeres, correspondiente al período 2016-2017. Este y otros datos reafirman la urgencia de redoblar los esfuerzos para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.

El “Informe sobre Hechos de Violencia Contra las Mujeres” comprende la actualización de un sistema de indicadores, enfatizando la violencia feminicida, sexual, física, patrimonial y laboral. Asimismo, recoge datos sobre la atención en instituciones públicas, los resultados de procesos judiciales y los recursos erogados para la atención.

Según el mismo, la violencia feminicida aumentó de 40.6% en 2016 a 41.4% en 2017. Sobre la violencia sexual, los datos reflejan que en el periodo 2015-2017, un promedio de 13 mujeres por día enfrentaron una agresión.

“Es necesario recordar que detrás de cada dato hay mujeres con derechos que esperan respuestas urgentes y efectivas”, destacó la Representante Residente en funciones del PNUD, Sra. Mónica Merino, durante la presentación del Informe.

El Informe fue presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y la Dirección General de Estadística y Censo (DIGESTYC), con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz ORMUSA.

El PNUD, en alianza con USAID, apoya al país en la gestión de información basada en evidencia para fortalecer la formulación y el seguimiento de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. A través del proyecto InfoSegura, trabajan parar mejorar la calidad de la información en seguridad ciudadana en la región, promover su análisis y uso como insumo para la política pública e incrementar la coordinación y colaboración regional en estrategias estatales de seguridad ciudadana.