Fotografía cortesía de Casa Presidencial

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) entregó al Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, el primer Informe de Monitoreo del Plan El Salvador Seguro (PEES), cuyos hallazgos son un importante insumo para la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana, así como para la realización de ajustes y propuestas de acciones para la consecución de las metas trazadas.

El Informe está basado en los resultados del Sistema de Monitoreo, una herramienta que ofrece información sobre los 80 indicadores del PESS proveniente de 26 instituciones públicas. Además, se alimenta de la Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad/Cultura de Paz de la Dirección General de Estadísticas y Censos, realizada con el apoyo de PNUD y USAID a través del proyecto InfoSegura.

El Sistema continuará en construcción, de la mano con el fortalecimiento de la generación de información sobre seguridad ciudadana basada en evidencia.

El Informe recoge los avances en los primeros dos años de implementación del Plan, específicamente en el marco del cumplimiento de las metas de corto plazo. Estas metas se concentran en los ejes prevención de violencia y rehabilitación y reinserción.

Entre los hallazgos se reporta, por ejemplo, que el 84% de las personas hace uso de los espacios públicos recuperados a partir de la implementación del PESS. Además hubo un incremento en el número de familias atendidas en servicios de prevención de violencia, de 35,298 en 2015 a 50,000 en 2017.

Asimismo, los resultados reflejan una disminución del 33% en el número de adolescentes en conflicto con la ley y de 0.5% en el número de jóvenes que no estudian ni trabajan, a nivel nacional. También se reflejan mejoras en las condiciones de los centros penitenciarios, tales como una reducción del hacinamiento de 33% superando la meta a corto plazo del plan, que era de 25%.

“El Informe brinda importante evidencia para responder a la pregunta: ¿Funciona la prevención? La respuesta es sí. Hay importantes avances medibles en ese sentido, pero es necesario acelerarlos y darles sostenibilidad”, señaló el Representante Residente de PNUD, Christian Salazar.

Agregó que el dato de jóvenes que no estudian ni trabajan “apunta a la necesidad de esfuerzos especiales de parte todos los sectores, para incrementar la reincorporación de jóvenes al sistema escolar y su inserción laboral”.

En los hallazgos también se evidencia que la focalización de acciones basada en criterios técnicos y el liderazgo y trabajo de los gobiernos locales y los Comités de Prevención de Violencia, han sido determinantes para los avances.

El Informe también refleja los desafíos para la consolidación de los avances en las metas a corto plazo y de cara a la consecución de las metas a mediano plazo. Entre ellos está el fortalecimiento normativo, financiero y técnico del Sistema de Justicia Penal; continuar con la mejora en las condiciones de los centros penitenciarios; seguir ampliando la cobertura de los programas de rehabilitación y reinserción; y continuar fortaleciendo los controles internos y externos de la actividad policial, en el marco de los Derechos Humanos.

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