El financiamiento climático es esencial para que El Salvador siga avanzando hacia el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Por ello, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron la iniciativa de Protocolo Verde para el Sistema Financiero a instituciones del sector público.

El Protocolo Verde busca fomentar que las instituciones financieras públicas y privadas adopten de forma voluntaria directrices y estrategias de gestión ambiental y climática. A partir de ello, se espera que impulsen el fortalecimiento de sus capacidades y articulen esfuerzos para la captación y administración de fondos internacionales orientados a la economía verde y a la adaptación y mitigación del cambio climático.

Al mismo tiempo, el Protocolo busca impulsar la articulación de esfuerzos entre el sector público y el sector financiero, para impulsar inversiones y programas que contribuyan al desarrollo sostenible en tres dimensiones: económica, social y ambiental.

El Protocolo también motiva a las entidades a adoptar, internamente, prácticas para una cultura ecoeficiente, haciendo un uso racional de los recursos que disponen y promoviendo acciones de concientización.

El Salvador es el cuarto país que ha iniciado el proceso para impulsar un protocolo verde en el sistema financiero; Colombia, Brasil y Panamá ya cuentan con este tipo de instrumentos.

En una primera etapa, se ha presentado un borrador de protocolo a entidades financieras e instituciones del sector público.

El Protocolo Verde es parte de las iniciativas del Gobierno de El Salvador para avanzar hacia una arquitectura de financiamiento climático y hacia el logro de la Agenda 2030, específicamente del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Acción por el Clima.  El PNUD y ONUAmbiente apoyan este esfuerzo en el marco del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades para el Fondo Verde del Clima”.

Además, el PNUD ha brindado asesoría técnica para la revisión de las finanzas públicas y la integración de consideraciones de cambio climático en las inversiones públicas nacionales, de cara al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París (NDC).