La importancia de la asistencia jurídica para garantizar los estándares de juicio justo, el debido proceso legal y la aplicación de principios clave como la presunción de inocencia, fue el tema central del foro de Defensoría Pública Penal organizado por la Procuraduría General de la República (PGR), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El foro denominado “Desafíos actuales y perspectivas del derecho de defensa y acceso a la justicia en El Salvador” reunió a representantes instituciones del sector justicia y sociedad civil. Además, generó un intercambio de experiencias entre las y los defensores públicos penales de la PGR, destacando su rol fundamental en la garantía de acceso a asistencia legal de calidad, en todo el territorio nacional.

En el evento se reflexión acerca de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia de El Salvador, que son similares a los del resto de países de la región: hacinamiento en las prisiones, uso generalizado de la prisión preventiva y obstáculos para ofrecer salidas alternas en el proceso penal y ejercer el derecho de defensa de las personas procesadas.

En ese contexto, se destacó que es fundamental fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar de un sistema eficiente de defensoras y defensores públicos en todo el territorio nacional, que amplíe el acceso a la asistencia legal de calidad.

“La transformación del sistema penitenciario es clave para para avanzar hacia el desarrollo sostenible en El Salvador”, señaló la Representante Residente en funciones del PNUD El Salvador. “Para el PNUD, el acceso a la justicia es un derecho que debe garantizarse a todas las personas, incluidas las más vulnerables, de manera imparcial y no discriminatoria”, agregó.

La conferencia magistral del foro estuvo a cargo del Comisionado Dr. Joel Hernández García, Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad con el tema.

El tema de la conferencia fue el mandato de la relatoría sobre derechos de las personas privadas de libertad, en el contexto de los desafíos en materia de debido proceso, juicio justo y derecho de defensa en el Sistema Interamericano de derechos humanos.

El comisionado señaló la importancia del derecho a la defensa y de que esta se ejerza con alta calidad técnica. “La actuación de la defensa es fundamental para garantizar un trato digno a las personas privadas de libertad y es esencial para el debido proceso”, apuntó.