“Las mujeres con discapacidad necesitamos que se fortalezcan los procesos de atención integral en la erradicación de la violencia que nos afecta”, enfatizó Rubidia Cornejo, representante de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador (AMUCES), durante un foro en el que se abordaron los desafíos de acceso a la justicia para este grupo poblacional.

El evento divulgativo “Acceso a la justicia para mujeres con discapacidad, avances y retos”, fue organizado por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.

Este año, la conmemoración tuvo como lema el empoderamiento de las personas con discapacidades para asegurar un desarrollo sostenible, inclusivo e igualitario, para cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Como mujeres con discapacidad, que además sufrimos todo tipo de violencia, no queremos quedarnos atrás”, añadió Cornejo.

En el evento participaron funcionarios y funcionarias de las instituciones que conforman la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, representantes de organizaciones de mujeres y de organizaciones que velan por los derechos humanos de personas con discapacidad.  La Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil compartieron los avances institucionales en la construcción de una respuesta integral a mujeres con discapacidad víctimas de violencia.

La actividad fue presidida por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde; la Directora General de la UTE, Kenia Melgar de Palacios; la Oficial de Gobernabilidad Democrática del PNUD, Laura Rivera Marinero y el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez.

“Queremos que esta actividad sea el principio de un ejercicio sistemático para que se disponga de condiciones para lograr el cumplimiento y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, particularmente de las mujeres”, enfatizó Laura Rivera Marinero del PNUD.

Por su parte la Asesora en Género del PNUD, Xenia Díaz, disertó sobre el abordaje de la violencia de género en mujeres con discapacidad a la luz de los tratados internacionales.  La especialista enfatizó que las políticas públicas deben abordar las diferentes formas de abuso, violencia y discriminación de forma integral, respondiendo a las características específicas y condiciones particulares de las poblaciones vulnerables.

“No es lo mismo integrar a las mujeres con discapacidad, que incluirlas. En las políticas públicas aún estamos en una etapa en la que no hay inclusión, no hay una real transformación del entorno”, apuntó.

En ese sentido, en la región se debe fortalecer el acceso a la justicia en los territorios; acciones afirmativas que respondan específicamente a las necesidades de las mujeres con discapacidad; la sensibilización y profesionalización de las/los operadores de justicia y el desarrollo de protocolos de atención especializados, entre otros aspectos.

En el evento también se enfatizó la importancia de promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos y todas. Esta es una de las metas del ODS 16, que hace referencia a “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”.

El Salvador fue seleccionado como un país piloto en la implementación de este ODS, explicó Víctor Tablas, analista del PNUD. A través del trabajo enfocado en el ODS16, se busca fomentar la participación de la sociedad civil en el logro de la Agenda 2030 y promover el avance de todos los ODS, agregó.

“El enfoque de derechos humanos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional garantizar la inclusión de las personas con discapacidad”, concluyó la Oficial de Gobernabilidad, Laura Rivera Marinero.