Los cambios en las leyes especiales y generales pertenecientes al derecho administrativo sancionador en El Salvador marcaron nuevos retos para las y los operadores de justicia, especialmente para quienes ejercen la labor de controles policiales internos y externos.

Es por ello que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), llevó a cabo una serie de diplomados que les permitieron conocer ampliamente los conceptos y aplicabilidad de los nuevos marcos legales, así como identificar, desde su experiencia, los principales desafíos en sus funciones y los cambios en los procedimientos.

Un total de 44 operadores y operadoras de justicia se graduaron esta semana de la tercera edición del Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador, impartido por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). En total, 119 funcionarios y funcionarias fueron parte de este proceso de formación, durante 2018.

Las y los graduados desempeñan funciones de control policial que abarcan la prevención, atención, investigación y sanción de conductas contrarias a la ley, a través de su labor en instituciones de Justicia y Seguridad Pública: Academia Nacional de Seguridad Pública, Inspectoría General de Seguridad Pública, Unidades Contraloras de la Policía Nacional Civil (PNC), Tribunales Disciplinarios de la PNC, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República.

 “Nuestro propósito es contribuir a una visión integral del sistema del control policial, que abarca la prevención, atención, investigación, y sanción”, explicó la Representante Residente a.i. del PNUD, Mónica Merino.

El diplomado se realiza en el marco del “Programa Conjunto de Paz para la Generación Post Conflicto”, financiado por el Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas y ejecutado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el PNUD.

Específicamente, esta iniciativa se enmarca en el componente de fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cumplimiento de funciones de control interno y externo de las instituciones de seguridad y justicia, implementado con el apoyo de PNUD.

“Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el 16, nos invita a promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia y apoyar la eficacia de las instituciones. Por ello, reiteramos nuestro compromiso de continuar apoyando a los equipos de las instituciones de seguridad y justicia del país”, concluyó la Representante del PNUD.