En todo el mundo, la Iniciativa Spotlight está involucrando a socios nacionales y de la sociedad civil para identificar, mapear y mitigar los riesgos de #COVID19 que enfrentan mujeres y niñas. Foto: PNUD/Mauricio Martínez

La permanencia obligatoria dentro de las viviendas, debido a la emergencia por COVID-19, representa un riesgo para niñas y mujeres conviven con sus agresores.  Esta situación también se ha convertido en un reto para las instituciones responsables de prevenir y atender la violencia contra las mujeres, particularmente por las mismas restricciones de movilidad y de personal para cumplir con sus distintas funciones.

Para intercambiar conocimientos, experiencias y propuestas ante esta situación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco de la Iniciativa Spotlight, coordinó un encuentro entre las instituciones de justicia y seguridad de El Salvador, la Viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres de Paraguay, Sra. Liliana Zayas, y representantes de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas.

En el intercambio participaron la Magistrada Presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sra. Doris Luz Rivas Galindo; la Procuradora General de la República, Sra. Miriam Gerardine Aldana; la Procuradora General Adjunta, Sra. Candy de Acevedo; la Procuradora Adjunta de Atención a Víctimas, Sra. Sara Ochoa; la Coordinadora de la Unidad de la Mujer y fiscal especializada en casos de feminicidios de la Fiscalía General de la República, Sra. Ana Gabriela Sagastume; la Subdirectora General de la Policía Nacional Civil (PNC), Comisionada Corina Palma Noguera y la Comisionada , Marta Uribe.

Asimismo, participaron la Representante Residente del PNUD, Georgiana Braga-Orillard; la especialista de programas de ONUMujeres, Miriam Bandes; las coordinadoras de la iniciativa Spotlight de UNFPA, UNICEF y ONUMUJERES; la especialista en Protección de UNICEF y  la Unidad de Coordinación de la Iniciativa Spotlight. También, la Jefa de la Unidad de Atención Integral a Víctimas y Género de la CSJ, Sra. Zoila Cristales Mayorga; la coordinadora de la Unidad de Género e Inclusión Procuraduría General de la República (PGR), Sra. Jeanette Tobar, y el Director de Comunicación y Protocolo de esa institución, Eduardo Aguilar.

El espacio fue propicio para conocer las buenas prácticas y lecciones aprendidas de Paraguay, en donde se ha implementado un protocolo para dar respuesta a la violencia contra las mujeres en la emergencia, se ha activado la mesa interinstitucional y se han habilitado albergues para las mujeres, sus hijos, hijas y dependientes, bajo lineamientos del Ministerio de Salud, entre otras acciones.

En El Salvador, las instituciones coincidieron en que durante la emergencia se ha dado un aumento de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres; sin embargo, consideran que existe un subregistro, porque persiste el miedo de denunciar y porque muchas mujeres aún no identifican todas las actitudes y acciones que representan violencia contra ellas.

También aseguraron que todas las instituciones están activas para dar una respuesta específica en materia de violencia contra la mujer, y que en el contexto actual, tiene especial relevancia la coordinación interinstitucional.

Además, compartieron como están haciendo uso de la tecnología para dar una respuesta efectiva. La mayoría de instituciones ha activado medios telefónicos de atención a víctimas y apps para dispositivos móviles, para orientar y dar apoyo a las mujeres.

Las personas participantes en el encuentro también coincidieron en la necesidad de mantener este tipo de intercambios durante y después de la emergencia por COVID-19.

La Iniciativa Spotligth es un asocio global promovido por la Unión Europea y las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. En El Salvador la iniciativa es implementada de forma conjunta por ONUMUJERES, UNICEF, UNFPA y PNUD en alianza con organizaciones de la sociedad civil y bajo el liderazgo de los gobiernos nacional y locales. Además, promueve el asocio de diferentes donantes, la implicación de todos los sectores de la sociedad, y un enfoque de intervención integral, que cubra todas las causas y factores que propician a la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.

Entre sus pilares de trabajo están marcos legales integrales, instituciones fortalecidas, servicios de calidad disponibles y accesibles para las víctimas de violencia y sus familiares y datos confiables y detallados para la toma de decisiones.

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