A través de la Iniciativa Spotlight, el PNUD sigue coordinando acciones conjuntas con instituciones del Sistema de Justicia en general y con la justicia electoral en particular, para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y el respeto a sus derchos políticos.

En el marco de la Iniciativa Spotlight, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo continúa trabajando con diversos sectores en una serie de acciones estratégicas para promover una vida libre de violencia contra las mujeres, así como el pleno respeto y desarrollo de sus derechos humanos.

Como parte del pilar 1 de fortalecimiento e implementación de la legislación y las políticas pertinentes, se ha desarrollado una guía para mujeres interesadas en postularse como candidatas a cargos de elección popular o a de dirección partidaria. La guía orienta sobre los mecanismos, procedimientos e instituciones nacionales para acceder a la justicia en casos de violencia política contra las mujeres, para la garantía de los derechos de vida libre de violencia y de participación política.

Esta guía, que está en la etapa de diálogo y validación con instituciones, sociedad civil, cooperación internacional y otros sectores, contiene los fundamentos teóricos de los mecanismos de protección política de las mujeres en procesos electorales; los pasos a seguir desde la postulación interna hasta la elección popular, y cuáles son las instancias y mecanismos a los que acudir en caso de vulneración de sus derechos; y formatos para su denuncia en distintas instancias existentes.

Este instrumento contribuirá a que las mujeres que participen en procesos electorales aborden, por ejemplo, casos de violencia de género en las campañas electorales, ataques en redes sociales, o presiones internas o externas para que abandone sus aspiraciones políticas.

A través de la Iniciativa Spotlight, también se siguen coordinando acciones conjuntas con instituciones del Sistema de Justicia para garantizar el acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia, las cuales se estarán implementado en el corto y mediano plazo. En particular, se están identificando estrategias innovadoras para abordar el alza en los niveles de violencia contra las mujeres durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, frenar los feminicidios y atender los desafíos particulares que plantea el contexto en materia de justicia para las mujeres.

Durante este mes se han sostenido una serie de reuniones con titulares y funcionarios de las instituciones de justicia como la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Magistrada de la Sala de lo Penal de la CSJ, Sra. Doris Luz Rivas Galindo, y sus equipos técnicos de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, y Unidad de Atención Integral a víctimas y Genero.  Asimismo, con funcionarios y funcionarias de la Procuraduría General de la República, específicamente de la Unidad de Género y del Centro de Formación, Análisis e Investigación.

En las reuniones se abordó cómo la pandemia ha impactado la administración de justicia y la relevancia de identificar herramientas novedosas para enfrentar la emergencia y garantizar el acceso a la justicia para todas. Se enfatizó la importancia de enfocarse en los derechos de la ciudadanía para que nadie se quede atrás.

La Iniciativa Spotlight es un asocio global promovido por la Unión Europea y las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. En El Salvador, es implementada de forma conjunta por ONUMUJERES, PNUD, UNICEF y UNFPA, en alianza con organizaciones de la sociedad civil y bajo el liderazgo de los gobiernos nacional y locales de San Salvador, San Miguel y San Martín.

Específicamente, busca contribuir a fortalecer los marcos normativos que atienden el ciclo de la violencia; generar un diálogo nacional en torno al fenómeno, deconstruir mitos en las relaciones sociales que contribuyen a perpetuar la violencia; lograr que servicios de calidad estén disponibles y accesibles para las víctimas de violencia y sus familiares; así como mejorar las capacidades institucionales para la generación de evidencia en el diseño de políticas públicas y la investigación del delito.

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