La seguridad en las terminales y paradas de autobuses es fundamental para promover la no violencia contra las mujeres. Fotografía: PNUD El Salvador/ Oscar Leiva

Una de cada dos mujeres ha sido víctima de violencia en el transporte público en El Salvador, la gran mayoría de ellas, jóvenes y adolescentes (72.4%). Los incidentes en sus trayectos son parte de las diversas manifestaciones de discriminación, abuso y violencia que experimentan a lo largo de todo su ciclo de vida.

La baja calidad del transporte público y los patrones machistas que prevalecen en la sociedad inciden en esta problemática, que es común a la región latinoamericana, donde millones de mujeres están expuestas a violencia física, verbal, acercamientos indebidos, tocamientos intencionales, comentarios obscenos y hasta a la muerte, en las unidades de transporte colectivo.

Para dialogar acerca de iniciativas innovadoras y buenas prácticas internacionales en torno a este desafío, se llevó a cabo la webinar “Mujeres Libres de Violencia en el Transporte Público”, en la que participaron más de 100 personas.  La actividad se enmarcó en el proyecto que lleva el mismo nombre, y que tiene por objetivo reducir el acoso sexual y toda forma de violencia para las usuarias del transporte público, a través del involucramiento de múltiples sectores.

El proyecto “Mujeres Libres de Violencia en el Transporte Público” es gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONUMujeres, con el financiamiento del Fondo para la Consolidación de Paz de las Naciones Unidas, y representa una oportunidad para catalizar el desarrollo de políticas de movilidad urbana que promuevan la seguridad ciudadana, con una perspectiva de género.

El conversatorio fue presidido por la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gerstenberg; la Representante de ONUMujeres en El Salvador, Ana Elena Badilla y la vicepresidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Marta Evelyn Batres.

Las panelistas fueron la especialista de la división de transporte  del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Laureen Montes Calero;  la ex Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, y actual directora de derecho de la Universidad Central de Chile, Paola Tapia Salas;  la Coordinadora del Programa Ciudades Seguras de ONU Mujeres Ecuador, María Alejandra Guerrón;  la directora del Centro de Investigación y Estadísticas  de  la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Margarita Beneke de Sanfeliú; y la directora de la organización de mujeres salvadoreña Las Dignas, América Romualdo.

Las panelistas destacaron la importancia de construir políticas públicas enfocadas en el territorio, a través de esfuerzos multisectoriales. “Este es un problema que debemos enfrentar de manera articulada y rápida. Un problema sistémico requiere de un liderazgo colectivo y la articulación de los diversos actores”, señaló Margarita Beneke de Sanfeliú, de FUSADES.

Por su parte, Paola Tapia Salas, quien fue la primera mujer ministra de transporte en Chile, apuntó que es importante enfocarnos en las realidades diversas y en las múltiples desigualdades que impactan a las mujeres de diferente forma, dependiendo de los lugares y las condiciones en que viven.  “Debemos enfocarnos en el territorio, segmentarlo, advertir las diferencias y a partir de ello, diseñar políticas públicas con la participación de múltiples actores”, expresó.  Asimismo, la experiencia chilena ha demostrado que es fundamental involucrar a las mujeres no solo como usuarias, sino como trabajadoras y agentes de cambio en la cadena de valor del transporte público.

La especialista del BID, Laureen Montes, reiteró que “es fundamental tener una visión intersectorial del desafío que enfrentamos”. Desde el Transport Gender Lab, dijo, impulsan un intercambio de conocimiento y buenas prácticas en 12 ciudades latinoamericanas. Estas ciudades están implementando acciones en cuatro categorías: inclusión de la perspectiva de género en normatividad vinculada a transporte; infraestructura y servicios seguros con enfoque de género; campañas de sensibilización contra el acoso sexual y acceso a la justicia para mujeres víctimas de acoso sexual.

Las especialistas también coincidieron en que los cierres del transporte público debido a la pandemia COVID-19 deben ser una oportunidad para implementar transformaciones, para que cuando el servicio se habilite de nuevo, sea más seguro para las mujeres.  “Es un espacio de oportunidad para avanzar en la reflexión, la reorganización, la sensibilización y toma de conciencia. Incidir en la transformación del transporte público provocará una diferencia significativa en la vida de las mujeres y niñas”, apuntó la Coordinadora Residente de la ONU en El Salvador.

“Debemos asegurar que el transporte colectivo sea un medio seguro y continuar luchando por una sociedad más igualitaria, más equitativa, y romper esas brechas de una cultura que ha venido naturalizándose y profundizándose”, agregó la vicepresidenta del GPM, Marta Evelyn Batres.

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