Una estrategia colectiva de inserción social impactaría en la reactivación y recuperación de la economía, lo que es relevante para el desarrollo del país, en un contexto global de pandemia. Esta fue la conclusión del cuarto foro de la iniciativa “Explorando Caminos”, en que el que se abrió un diálogo sobre la importancia y las condiciones para una reinserción a gran escala en El Salvador.

La reflexión fue liderada por Adrian Bergmann y Rafael Gude, consultores del Banco Mundial y reconocidos investigadores en construcción de paz e inserción Social. Los expertos aseguraron que ante la alta tasa de encarcelamiento, el fenómeno pandilleril y los niveles de endeudamiento en el país, una estrategia de inserción social masiva podría contribuir a dinamizar la economía.

Según los especialistas, un problema de grandes dimensiones requiere una solución a gran escala, no solamente programas y proyectos enfocados en la inserción individual y limitados en alcance y tiempo. El Salvador tiene la segunda tasa de encarcelamiento más alta del mundo, solo detrás de Estados Unidos: 600 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes.  

Bergmann detalló que en los últimos 20 años se ha fomentado un encarcelamiento masivo por distintas vías, como reformas penales, y que por ello, la población para reinsertar es muy grande. 60,114 personas salieron del sistema penitenciario entre 2011 y 2019 y, en los próximos cuatro años, se estima que saldrán entre 40,000 a 50,000 personas, un promedio de 700 a 750 por mes.

Frente a este panorama, los expertos plantearon cuatro propuestas: detener el encarcelamiento masivo; invertir en las comunidades impactadas; priorizar los abordajes colectivos y desarrollar una economía capaz de sostener la reinserción a gran escala.

“Para parar el encarcelamiento masivo, se deben impulsar reformas legales y encontrar mecanismos más sensatos para liderar con los problemas sociales que tenemos, sino la población a reinsertar solo seguirá aumentando”, apuntó Gude. “También deben transformarse las prácticas policiales que imponen ´cuotas de detenciones´ o que consideran un mayor número de detenciones como un mejor trabajo, añadió.

Asimismo, las comunidades tienen un rol fundamental en la Inserción Social porque las instituciones por sí solas no pueden atender a todas las personas que han salido o saldrán del sistema penitenciario en los próximos años, explicó Gude.

El reto es que los tres órganos del Estado -ejecutivo, judicial, y legislativo- y diferentes actores como las alcaldías, las escuelas, las ONG, la empresa privada y las iglesias apoyen a las comunidades para que estas sean capaces de hacer labor de reinserción.

La participación de las comunidades es clave para pasar de un enfoque individual -que implica atención y oportunidades a la “persona” reinsertada- a una estrategia de abordaje colectivo, en el marco de una política pública integral de Inserción Social.  “Hay que apostar por un proceso colectivo impulsado por el Estado, dentro de un marco de políticas públicas de largo plazo… Apostar por un proyecto serio que tome en cuenta una reinserción grupal y se apalanque en las dinámicas grupales de la pandilla”, especificó Gude.

En ese sentido, se debe priorizar el desistimiento colectivo de las pandillas, entendido no como una desarticulación de las estructuras sino como una transformación de la pandilla como grupo, con una identidad social, hacia nuevas formas de pensamiento y acción colectiva. Según los especialistas, experiencias de países como Ecuador y ciudades como Los Ángeles (Estados Unidos) han demostrado que los procesos colectivos son mucho más efectivos, y en el país hay condiciones para ello, dado que casi el 70% de la población pandilleril quiere desistir.

Un modelo de inserción social masiva también debe tomar en cuenta el vínculo intrínseco entre economía y seguridad.  “Más seguridad significa más actividad económica; parece obvio, pero no lo es”, dijo Gude. Enfocarse en erradicar la violencia “es la mejor forma de aprovechar tanto potencial económico latente que está sacrificado por la inseguridad”, agregó.

Es necesario apostarle a una economía de la reinserción, que permita hacer sostenibles las transformaciones sociales, especialmente cuando los pronósticos de crecimiento en la región han decaído significativamente por la pandemia, se concluyó en el foro.

La reinserción de las personas privadas de libertad debe incluirse dentro de la planificación económica y crear círculos virtuosos en los que los ahorros al disminuir la violencia se reinviertan en salud, educación y bienestar social.

Para una inserción económica y social efectiva también será muy importante eliminar los estigmas tanto en las políticas de contratación como en toda la visión de la sociedad.  “Eliminar el estigma es una apuesta económica bien importante”, sentenció Gude. Según el especialista, la experiencia en otros países ha demostrado que para que el mercado laboral absorba a personas ex pandilleras hay que dejar atrás la discriminación.

“El reto es enorme, pero la satisfacción de ver vidas cambiadas no tiene precio. Una segunda oportunidad para estas personas es también una oportunidad para El Salvador. Sí es posible hacer algo, hagámoslo juntos por el país”, concluyó coordinador del Componente e Reintegración Social de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, Sergio Álvarez.

“Explorando Caminos” es una iniciativa impulsada por el Proyecto Pionero en Inserción Social, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Este proyecto se implementa en asocio con la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, la Dirección General de Centros Penales, el Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Educación.

En coincidencia con los esfuerzos del Proyecto Pionero en Inserción Social, el Banco Mundial contribuye como socio clave, en el marco de la asistencia técnica brindada a la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social y la Dirección General de Centros Penales.