Fotografía: PNUD El Salvador/Mauricio Martínez

La Comisión Coordinadora del Sector Justicia, a través de la Unidad Técnica Ejecutora (UTE) y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), llevará a cabo una serie de diálogos sobre los desafíos y propuestas para frenar la violencia contra las mujeres en el país, particularmente la violencia feminicida y el feminicidio.

Los diálogos se enmarcan en la Iniciativa Spotlight, un asocio entre las Naciones Unidas y la Unión Europea para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas. En El Salvador la iniciativa es implementada de forma conjunta por ONUMUJERES, UNICEF, UNFPA y PNUD. Los intercambios se llevarán a cabo tanto a nivel nacional, como en los municipios priorizados por la Iniciativa Spotligh: San Salvador, San Martín y San Miguel.

El inicio de los diálogos fue precedido por la Directora General de la UTE, Kenia Melgar de Palacios; la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Doris Luz Rivas Galindo; la Procuradora General de la República, Miriam Geraldine Aldana Revelo; y la Representante Residente del PNUD, Georgiana Braga-Orillard.

“Este es un espacio de fortalecimiento de las capacidades de quienes integramos la comunidad jurídica; ya que para lograr una incidencia real en el fenómeno de la violencia contra las mujeres en todo su ciclo de vida -el cual sin duda alguna se ha visto agudizado por la pandemia COVID19-, se necesitan profesionales técnicamente formados, con conciencia del fenómeno y con la capacidad de innovación y transformación de los entornos”, aseguró la Directora General de la UTE.

Por su parte, la Representante del PNUD enfatizó que los diálogos tienen el propósito de “conversar y proponer -desde los lentes de la justicia- soluciones para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres”. Agregó que el PNUD está comprometido con trabajar para detener la violencia contra las mujeres, porque esta “compromete el desarrollo humano y, en el contexto de la pandemia, compromete la recuperación de El Salvador”, agregó.

El ciclo de intercambios inició con el foro denominado “Las medidas de protección y medidas cautelares en casos de violencia contra las mujeres y niñas”, una temática de especial relevancia para el trabajo que realizan los juzgados especializados que se crearon en 2017.

Las medidas de protección dictadas a favor de mujeres víctimas y sus acompañantes (que son generalmente niños y niñas), así como las medidas cautelares en contra de hombres agresores, tienen como propósito frenar los ciclos de la violencia, asegurar la integridad de las víctimas y proteger sus vidas.  “Se trata de un conjunto de medidas qué gestionadas de manera efectiva, contribuyen a salvar vidas, previniendo así el feminicidio”, detalló la Representante del PNUD.

Durante el foro se compartieron los resultados del “Estudio sobre la aplicación de medidas de protección y medidas cautelares dictadas por los Juzgados de Paz, los Juzgados Especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres y los Juzgados Especializados de niñez y adolescencia”.

El estudio fue realizado en los municipios de San Salvador, San Martín y San Miguel, como una iniciativa conjunta entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la Iniciativa Spotlight.

Este recoge un diagnóstico de la situación actual de la aplicación de las medidas en los municipios priorizados, así como recomendaciones para fortalecer su adopción e implementación.

Entre los hallazgos principales, el estudio identificó que hay mayor aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres en las principales instituciones del sector Justicia, con la creación de Unidades Especializadas de Atención a Mujeres de las diferentes instituciones; protocolos de atención especializada; esfuerzos de capacitación y sensibilización; y una Jurisdicción Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.

Sin embargo, persisten desafíos como la falta de infraestructuras idóneas para la atención de víctimas; la necesidad de obtener y gestionar más y mejor información de los casos para fortalecer las decisiones; las cargas laborales y la necesidad de fortalecer el conocimiento del personal en derechos humanos, género e inclusión, entre otros.

Además, es necesario indagar más en los riesgos asociados que afectan a las mujeres víctimas de violencia, como discriminaciones de varios tipos; la frecuencia o intensidad de las agresiones; la existencia de redes de apoyo; el acceso a transporte y servicios; y el entorno mismo de las víctimas.

Entre las recomendaciones del estudio está la de continuar mejorando la infraestructura, equipamiento y condiciones para atención a mujeres víctimas o sobrevivientes; priorizar la mejora de capacidades y conocimiento de las/los operadores de justicia en temas como derechos humanos, enfoque de género e inclusión;  y contar con instrumentos de toma de aviso o denuncia estandarizados y/o unificados para identificar factores de riesgo, minimizar la victimización secundaria y tomar decisiones.

Asimismo, desarrollar materiales accesibles sobre derechos, garantías procesales, instituciones, programas y servicios disponibles para las mujeres; reforzar el conocimiento y aplicación de estándares internacionales y como mejorar los canales de comunicación entre los juzgados para la evaluación y análisis de riesgos.

El estudio también propone desarrollar e implementar sistemas de registro completos, confiables, accesibles y útiles que faciliten la obtención de información oportuna y pertinente para la identificación de riesgos, la adopción de las medidas y su seguimiento, incluyendo un sistema de alerta temprana por riesgos feminicidas.

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