En el marco los diálogos nacionales y locales sobre violencia contra las mujeres, organizados por la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, través de la Unidad Técnica Ejecutora (UTE) y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se presentaron los resultados de un estudio de servicios esenciales para mujeres víctimas en San Miguel, San Salvador y San Martín.

Los diálogos cuentan con el apoyo de la Iniciativa Spotlight, un asocio entre las Naciones Unidas y la Unión Europea para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas. En El Salvador la iniciativa es implementada de forma conjunta por ONUMUJERES, UNICEF, UNFPA y PNUD. San Miguel, San Salvador y San Martín son los municipios prioritarios para la implementación de acciones que frenen la violencia feminicida y el feminicidio.

El estudio, dirigido a identificar los servicios disponibles para las mujeres víctimas de violencia en los tres municipios, busca ser una herramienta práctica que permita dar seguimiento al abordaje de los casos por parte de las instituciones del sector justicia, así como a la acción interinstitucional con los gobiernos y actores locales. De esta manera, se contribuiría a la prevención de la violencia y a una mejor articulación de la atención y protección de las víctimas.

En total, se identificaron 64 instituciones que dan servicios esenciales a niñas y mujeres que enfrentan violencia en esos municipios, 49 de ellas respondieron al estudio. Los servicios se proveían en adecuadas condiciones de infraestructura, con un buen nivel de acceso y con respeto a la dignidad de las víctimas.

La investigación se desarrolló a finales de 2019 y el estudio se concluyó previo a la pandemia COVID-19, por lo que algunos resultados pueden haber variado en ese proceso.

Entre las principales limitaciones para brindar servicios esenciales a mujeres víctimas de violencia, el estudio identificó el desconocimiento de la oferta de servicios, así como de las normas y requisitos para remitir a las personas a los mismos; además, las distancias geográficas y la necesidad de ampliar la cobertura a nivel territorial, sobre todo en áreas donde se registra la mayor cantidad de casos.

Asimismo, se identificó que no existían referentes locales, ni puntos focales en la facilitación de estos servicios. El estudio también mostró que es necesario fortalecer el conocimiento y la sensibilidad sobre los derechos y protección de las niñas y mujeres, en las víctimas, sus redes de apoyo y las comunidades.

También se identificó que la falta de recursos económicos impide que las víctimas continúen sus procesos, por lo que recomienda considerar la gratuidad en los servicios. El estudio también determinó que hace falta aumentar el acceso a kits de emergencia y fortalecer los mismos, incluyendo alimentación y vestimenta.

Otra área de mejora es contar con más recursos humanos especializados en atención a víctimas de violencia, incluyendo profesionales de salud mental o médicos, la reparación integral de las víctimas.

Además, es necesario trabajar en un sistema articulado y único de registros entre instituciones que brindan servicios esenciales, que contribuya a la toma de decisiones basadas en evidencia.

Entre las líneas de acción propuestas para mejorar la calidad de servicios esenciales se menciona la ampliación de espacios para brindar servicios esenciales, teniendo en cuenta las necesidades de las víctimas y aquellos servicios que aún no se brindan como los de promoción de la autonomía económica (opciones de empleo o emprendimiento para salir de los ciclos de violencia).

Otra línea de acción es trascender los acompañamientos parcializados y brindar acompañamiento a las víctimas de principio a fin, tanto en su proceso y seguimiento del caso. Se debe brindar un seguimiento y monitoreo de los casos, incluyendo de las medidas de protección y cautelares.

Asimismo, se recomienda que los presupuestos incorporen el enfoque de género y protección a víctimas, incluyendo, entre otras cosas, estipendios de alimentación, transporte, etc para las mujeres víctimas de violencia.

Además, es necesaria la actualización de la oferta de servicios esenciales y reforzar la difusión de la existencia de los mismos, por parte de cada institución.

Finalmente, partir del estudio también se recomienda continuar fortaleciendo los marcos jurídicos e institucionales y los mecanismos de coordinación para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género.