Los “Diálogos Nacionales y Locales sobre violencia contra las Mujeres” promovidos por la Comisión Coordinadora del sector justicia a través de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), finalizaron su ciclo de conversatorios 2020 con el tema “Acceso a la justicia para mujeres en condiciones de vulnerabilidad”.

Los diálogos se realizaron en el marco de la iniciativa Spotlight, un asocio global promovido por la Unión Europea y las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. En El Salvador, la Iniciativa Spotlight es implementada de forma conjunta por el PNUD, ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Durante dos meses, en los que se realizaron siete conversatorios, se contó con la participación de diversos actores nacionales e internacionales que contribuyeron al análisis sobre los avances y desafíos para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas.

La última jornada fue presidida por la participación de la Procuradora General de la República (PGR), Miriam Aldana; la Representante Residente del PNUD, Georgiana Braga-Orillard y la directora General de la UTE, Kenia Melgar de Palacios.

El panel estuvo conformado por la representante de la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Derechos de la Población LGBTI, Karla Guevara; la representante del Concejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, Betty Pérez; la integrante de la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, Carmen Reyes y la representante de los grupos de autoayuda de la PGR, Ana Gladis Rodríguez.

 “Hoy abrimos el espacio para escuchar las voces de mujeres que son más vulnerables a la discriminación y a la violencia y que, por ello, requieren de medidas especiales de equidad y de justicia aplicables a sus casos concretos. Solo tomando en cuenta sus necesidades en el diseño de políticas públicas, se podrá prevenir, atender y sancionar la violencia que ocurre contra ellas.” indicó en sus palabras de inicio la representante del PNUD, Georgiana Braga-Orillard.

La directora de la UTE agradeció la confianza puesta en la institución para la coordinación de los foros y enfatizó el compromiso para continuar trabajando de manera coordinada con otras y otros actores para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, especialmente a las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Por su parte, la Procuradora General de la República se refirió a los avances. Mencionó que El Salvador ha suscrito tratados internacionales y cuenta con un marco normativo nacional para reconocer los derechos de las mujeres y tratarlas con dignidad, lo que obliga a adoptar todos los medios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellas.

Agregó que entre los principales desafíos identificados para la PGR, en este tema, están la necesidad de contar mejores presupuestos; consolidar las alianzas con la cooperación para el fortalecimiento institucional. Asimismo, seguir mejorando la atención integral a las víctimas, con aspectos como la adecuación de espacios físicos, la habilitación de servicios móviles, la apuesta por mejores tecnologías que les permitan acercarse más a las víctimas; programas de prevención a nivel comunitario y la creación de mecanismos de quejas o denuncias seguros que garanticen medidas de protección, entre otros.

En sus ponencias, las panelitas comentaron sobre la importancia de tomar en cuenta los aspectos sociodemográficos y las necesidades diversas de las mujeres en la provisión de servicios para prevenir y atender la violencia. Además, señalaron la importancia de los protocolos y normativas existentes y la necesidad de continuar el trabajo de sensibilización a los equipos de atención del sistema de justicia para mejorar la atención en a las víctimas que denuncian.

“En el caso de la población LGTBI, hay que mejorar el sistema de asesoría legal, pues hay una carga laboral en las instituciones que impide que la justicia llegue de manera oportuna a los grupos vulnerables. Otro aspecto es la construcción de estadísticas que permitan enrumbar los esfuerzos, por ejemplo, no hay datos desagregados, y finalmente evitar la normalización de la violencia para generar mayor confianza en el sistema judicial”, dijo la representante de la mesa de Derechos de la Población LGBTI.

De acuerdo con la representante de las personas con discapacidad visual, la pandemia generó más casos de acoso y violencia también en este sector de la población y, a su juicio, faltó información sobre los mecanismos y horarios que facilitaran las denuncias y la atención de los casos.

Desde su experiencia como representante de los pueblos indígenas, Betty Pérez indicó que se ha tenido la valentía de continuar hablando de los obstáculos que enfrentan, pero que una fortaleza ha sido la construcción de alianzas con otros sectores para enfrentar el problema de violencia.

Al cierre de la jornada, la especialista en grupos de autoayuda de la PGR enfatizó en que “Las mujeres tienen que saber que pueden denunciar todo tipo de abuso, hay muchos avances en El Salvador en cuanto a las Leyes que nos protegen. Los grupos de autoayuda también son un componente importante para conocer nuestros derechos y poder defendernos de mejor manera y denunciar” señaló.

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