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La información y datos como evidencia para la toma de decisiones, contribuyen al diseño de políticas públicas que promueven el acceso inclusivo a la justicia, con enfoque de derechos humanos. Así se evidenció en la jornada de esta semana del webinario “Datacción”, espacio en el que se dialogó acerca de las evidencias sobre justicia y derechos humanos con enfoque de seguridad ciudadana.

La serie de conferencias “Datacción” es organizada en su tercera edición por el proyecto regional Infosegura del Centro Regional para América Latina y el Caribe PNUD, enfocado en la gestión de información sobre seguridad ciudadana para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia e implementado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En esta edición se abordó la importancia de continuar el trabajo en generación e interpretación de datos y evidencia para consolidar el Estado de Derecho y la promoción de los Derechos Humanos. Los mayores desafíos de El Salvador incluyen la inseguridad, la violencia (incluyendo la violencia de género) y la impunidad. Todos estos desafíos son complejos y de alcance multidimensional, por lo que su respuesta de solución requiere más de un enfoque.  En consecuencia, la impunidad debe ser enfrentada desde una actuación eficiente y eficaz del sistema de administración de justicia y el fortalecimiento en la gestión de información de las instituciones pública orienta hacia esa respuesta.

La Magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, Doris Luz Rivas Galindo, compartió la experiencia del trabajo realizado en conjunto con el PNUD para la consolidación del Estado de Derecho y para la promoción del acceso a la justicia. El PNUD contribuye con la CSJ particularmente en el marco del proyecto Infosegura y de la Iniciativa Spotlight, un asocio de las Naciones Unidas y la Unión Europea, para enfrentar todo tipo de violencia contra las mujeres.

En particular, destacó la primera “Compilación de Análisis de Criterios Jurisprudenciales sobre una Vida Libre de Violencia para Mujeres y Niñas”, como un caso exitoso del uso de evidencia para la aplicación y el acceso a la justicia en El Salvador. Este documento, recientemente publicado, recoge estándares internacionales en materia de derechos humanos y detalla, mediante evidencia, cómo la jurisprudencia de diversos tribunales y la Sala de lo Penal han transversalizado la perspectiva de género.

Asimismo, destacó otros aportes como el centro de atención telefónica para denuncias 198 y el uso de tecnología que permite ordenar y clasificar expedientes para la generación de estadísticas útiles en el trabajo judicial, así como otras iniciativas relacionadas a capacitación y sensibilización en género y construcción de nuevas masculinidades, entre otros.

“El Órgano judicial ha administrado de manera responsable el apoyo de la cooperación por la vía del PNUD, de Spotlight, infosegura y de (otras)  agencias del Sistema de Naciones Unidas (…). Hemos trabajado mucho para dar respuestas más expeditas, para des-formalizar la justicia, es decir para desburocratizar los procesos y que las mujeres se sientan más atendidas”, dijo.

La funcionaria explicó que la pandemia por la COVID-19 replanteó el accionar de la justicia incrementando los desafíos, tales como avanzar en la modernización tecnológica y la automatización de procesos, especialmente para atender grupos vulnerables. Al mismo tiempo, señaló, esto representó una oportunidad para avanzar en el uso de recursos tecnológicos que acerquen y faciliten los servicios a esta población.

“Estamos en esta ruta de desarrollar las denuncias electrónicas, las notificaciones, es decir en la búsqueda de todos esos mecanismos que permitan acercar la justicia a las mujeres mediante la tecnología y la innovación”, agregó.

La funcionaria se refirió también a los retos que enfrenta el sector justicia, entre ellos una mayor producción de datos, mejor tecnología para garantizar más acceso a la justicia, mejoramiento de los tiempos de acción y el establecimiento de mecanismos que garanticen la reparación integral a las sobrevivientes, a las víctimas directas e indirectas y el fortalecimiento de las instituciones involucradas.

El panel del “Datacción” también estuvo conformado por Jairo Acuña-Alfaro, líder del equipo de gobernabilidad y paz del Centro Regional para LAC del PNUD; Juliet Solomon, especialista de programa de Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho del Centro Regional Para LAC del PNUD; Álvaro Herrero, Especialista en Justicia y Gobierno Abierto del Centro Regional para LAC PNUD; Marcela Smutt, coordinadora regional del Proyecto PNUD Infosegura y Gloria Manzotti, especialista de acceso a justicia, seguridad y derechos humanos del RBLAC PNUD.

En el webinario también se compartieron los resultados de una investigación realizada en 9 países del Caribe en la que se destacó la carencia de datos en las administraciones de justicia para el diseño de soluciones oportunas y eficientes y otras situaciones relacionadas con pocos recursos tecnológicos, ralentización de procesos policiales y recursos humanos entre otros.

“No sólo es un tema de acceso a la justicia sino de derechos humanos. Los servicios a los ciudadanos requieren sistemas eficientes. El acceso a la justicia también impulsa el desarrollo social y económico de los países”, dijo Juliet Solomon. “Hablamos de propuestas y reformas basadas en evidencia, de cómo los poderes judiciales tienen que avanzar para aprovechar esta realidad donde los datos tienen tanto protagonismo y las nuevas tecnologías nos permiten hacer políticas centradas en las personas”, agregó.

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