ilustración de dos manos rodeando una balanza.

El Salvador cuenta con marcos normativos para la protección y promoción de una vida libre de violencia para las mujeres, cuenta con leyes especializadas y ha ratificado distintos convenios internacionales y regionales que contribuyen a establecer un sistema de promoción y protección de derechos humanos, poniendo al centro de la respuesta a las mujeres; pero uno de los desafíos es implementar el enfoque de género de manera generalizada en todas las etapas del abordaje judicial y del sistema penitenciario.

Este es uno de los principales hallazgos de la investigación “Situación y condiciones de adolescentes y mujeres en circunstancia de víctimas-victimarias de violencia en El Salvador, a partir de la revisión de sentencias y criterios de operadores de justicia”, realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con el apoyo financiero de la Iniciativa Spotlight.

En la presentación del estudio participaron la Representante Residente Adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Mónica Merino, el director de Flacso, Roberto Rodríguez,  la agregada de Cooperación Delegación de la Unión Europea, Murielle Guillemois-Sanchez,  la Magistrada de Cámara Primero de lo Penal, Laura Chacón, y en representación  del Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil en la Iniciativa Spotlight, Ima Guirola, equipo de investigación de Flacso, de la Academia y de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

“La academia y entidades estatales que brindan formación especializada en derechos humanos y de protección integral, tienen un rol fundamental para continuar avanzando, ampliando y fortalecimiento en el conocimiento de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. Desde la Iniciativa Spotlight, el PNUD continuará apoyando organizaciones de la sociedad civil mediante el otorgamiento de fondos para la realización de proyectos y actividades que promuevan una vida libre de violencia de género”, enfatizó la Representante del PNUD.

La investigación se realizó a partir de una revisión de 17 sentencias condenatorias y absolutorias, la realización de entrevistas con personas especialistas y vinculadas al sistema de justicia, el análisis de estadísticas oficiales sobre adolescentes con medidas socioeducativas y mujeres en cumplimiento de medidas en privación de libertad, así como con aportes de organizaciones que impulsan programas de inserción social en el país.

A septiembre de 2021, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de Centros Penales, 2,645 mujeres se encuentran en cumplimiento de medidas privativas de libertad, entre sentencias provisionales y definitivas.

El director de Flacso, agradeció el aporte de la Iniciativa Spotlight para la realización de este estudio que busca ser un aporte para la creación de políticas públicas en favor de las mujeres, niñas y adolescentes que enfrentan casos en el sistema judicial.

Por su parte, la Magistrada Chacón indicó que el estudio es relevante porque ha demostrado la necesidad de que se conozca y aborde el enfoque de género de manera completa, desde el inicio de los procesos que enfrentan las mujeres y en todas las instituciones involucradas.

“El enfoque de género implicará brindar herramientas necesarias para tomar en consideración los aspectos relativos a la responsabilidad. Una de las condiciones que ocurre en el Sistema penal es por ejemplo que se aplican penas generalizadas y no hay diferenciación sobre la base de los niveles de participación de las acusadas…debe incluirse el enfoque de género por parte de todas las instituciones involucradas”, indicó.

La investigación de Flacso destaca además que el enfoque de género es clave porque permite a las instituciones identificar las relaciones desiguales de poder y confianza en las que probablemente se encuentran las mujeres que han cometido ilícitos; sus condiciones de vulnerabilidad personales, materiales y de contexto; sus necesidades prácticas y sus intereses.

“Lo anterior permite tener una línea de investigación y una defensa técnica libre de prejuicios y estereotipos y somete al conocimiento del juez (a) las evidencias que le permitirán realizar una valoración de la prueba, así como argumentación y fundamentación con enfoque de género, hasta llegar a la determinación de una pena diferenciada o absolución, según sea el caso”, se indica en el documento.

Otra recomendación es la reorientación de los programas y cursos ofrecidos para que estos no reproduzcan estereotipos de género hacia otros que brinden las herramientas necesarias para el empoderamiento personal y la autonomía económica que las adolescentes y mujeres requieren en la inserción social y laboral.

En representación del Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil en la Iniciativa Spotlight, Ima Guirola, presentó una reflexión desde la perspectiva de género con énfasis en las relaciones desiguales de poder. Indicó que el enfoque de Género es una categoría reciente en el país que además tiene una carga histórica e ideológica. Destacó tres aspectos de importancia a partir del estudio de Flacso: cómo se contextualiza la problemática desde el análisis de género y derechos humanos, presenta abordajes y desafíos, además de cuestionamientos, y motiva a realizar nuevos análisis y abordajes de otras aristas.

“Hablamos de cómo el enfoque de género juega en términos de acceso a la justicia y al debido proceso. Hay una visión sexista, visible en la diferenciación en el abordaje de los casos; además hay una visión adultista y de misoginia, elementos que se configuran como violencia de género”, destacó.

Flacso fue unas de las ocho instituciones apoyadas por el PNUD a través de la Iniciativa Spotlight en 2020, mediante el otorgamiento de fondos para la realización de proyectos que fortalezcan las capacidades para una mejor provisión de servicios esenciales a mujeres y poblaciones vulnerables.

Spotlight es un asocio global promovido por la Unión Europea y las Naciones Unidas. En El Salvador es implementada de forma conjunta por ONUMUJERES, UNICEF, UNFPA y PNUD en alianza con organizaciones de la sociedad civil y bajo el liderazgo de los gobiernos nacional y locales de los municipios priorizados.

 

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