Agricultor, con sombrero y machete, caminando por el campo

Comprender los efectos y las relaciones de los fenómenos migratorios con la pandemia del COVID-19 para promover propuestas eficaces de recuperación es el objetivo de una iniciativa conjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La “Iniciativa PNUD-OIM para acelerar la respuesta socioeconómica ante el COVID-19” es un proyecto pionero a nivel global que se implementó en nueve países, entre ellos El Salvador. En el país, específicamente, se realizó una investigación en el departamento de La Unión sobre el impacto de la pandemia en los hogares con personas migrantes.

El departamento fue seleccionado por la alta relevancia que tiene la migración en sus dinámicas económicas y en su desarrollo humano. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2019 (EHPM) mientras que el 15% de los hogares salvadoreños tiene al menos un miembro en el exterior, en La Unión la cifra se duplica y llega al 30% de los hogares. La mitad de ellos recibe remesas.

Además, según datos de OIM, casi 3,000 personas migrantes fueron retornadas a La Unión en 2019, provenientes principalmente de Estados Unidos y México. Por otra parte, debido a su ubicación geográfica, la zona también es el destino de personas migrantes de Honduras y Nicaragua.

La investigación “Impacto del COVID-19 en hogares con personas migrantes en La Unión” se realizó entre enero y abril de 2021, en los municipios de La Unión, Santa Rosa de Lima y Pasaquina que, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR), reciben un elevado número de remesas y también son el destino de residencia y trabajo para muchos ciudadanos nicaragüenses y hondureños.

La metodología de investigación incluyó el levantamiento de una encuesta y la conducción de grupos focales con personas que han experimentado el fenómeno migratorio y que han sido impactadas por el COVID-19.

Entre los principales hallazgos plasmados en el documento se destaca que la pandemia propició una paradoja en las dinámicas migratorias. Mientras que para los unionenses actuó como una motivación para migrar ante la falta de medios de vida y la pérdida de empleos, ciudadanos de Nicaragua y Honduras encontraron en El Salvador una opción para mejorar su bienestar. Para 2019, estas comunidades en el país suman aproximadamente 20 mil personas, según las estadísticas oficiales de Naciones Unidas.

Estas estas comunidades enfrentaron mayores vulnerabilidades que el resto debido a factores como las circunstancias de su viaje, las condiciones de vivienda y el tipo de trabajo ocupado. El 47.2% de los hogares con personas inmigrantes -de Honduras y Nicaragua- dijeron haber sufrido la pérdida de empleo o el cierre de empresas y/o negocios; además, la deserción escolar en sus familias fue de 36% en 2020.

Además, la investigación reveló que las remesas continuaron siendo una de las principales fuentes de ingresos en los hogares con personas migrantes, e incluso se utilizaron para satisfacer necesidades en salud y alimentación durante la pandemia.  Datos del BCR del 2020, muestran que los flujos de remesas presentaron un alto dinamismo a partir de los meses de mayo y junio, superando incluso los recibidos 2019.

El estudio también enfatiza la escases de políticas públicas enfocadas en los hogares con personas inmigrantes, migrantes y retornadas y la debilidad de los medios de vida en la Unión.

Ante estos hallazgos, se recomienda que un plan de recuperación socioeconómico postpandemia incluya políticas migrante-específicas que protejan el desarrollo humano de las personas migrantes.

La propuesta es que el plan incluya tres pilares fundamentales: (1) Productividad, que permita la generación de empleos, la identificación de nuevos sectores productivos y el desarrollo de alianzas con instituciones públicas y privadas;  (2) Inclusión, que promueva la regularización de la inmigración, apoyo integral para las personas retornados y el desarrollo de diálogos para promover la construcción de acuerdos; (3)  Resiliencia, que implica el establecimiento de programas enfocados en hogares migrantes, atención  y prevención de la violencia, la implementación de una estrategia nacional de información sobre personas migrantes y el fortalecimiento de capacidades para adaptar nuevos medios de vida.

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