El éxito de las estrategias de reinserción está relacionado en un primer plano con la motivación y la voluntad de cambio expresado por las personas que enfrentan este proceso; pero también requiere del apoyo social, el fortalecimiento de los vínculos familiares, de la construcción de competencias y de nuevas oportunidades y de una mejora en la oferta de servicios educativos y de promoción laboral, entre otros.

En este escenario, el trabajo y apoyo de diversos actores constituye un pilar para garantizar que el desistimiento de la violencia se mantenga en el largo plazo. Gobiernos, empresas privadas, organizaciones de sociedad civil, organizaciones Basadas en la fe (iglesias), así como también de instituciones de corte no religioso, son clave.

En la quinta sesión del Foro Explorando Caminos, organizado por el Proyecto Pionero en Inserción Social del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dos expertas en temas de reinserción y con amplio trabajo con esta población tanto en El Salvador como en Estados Unidos dieron a conocer el trabajo y las alternativas no religiosas de desistimiento a la violencia y su viabilidad de implementación en el país.

“En las sesiones anteriores, hemos conversado sobre el valioso trabajo de Organizaciones basadas en la fe, pero también hay otras instituciones de corte no religioso que tienen un rol destacado en estos procesos. Esta es una realidad dura en El Salvador, pero también hay muchos actores trabajando y hay alternativas que suman para que estos procesos sean exitosos”, indicó Georgiana Braga Orillard, Representante del PNUD.

Susan Cruz, es salvadoreña residente en Estados Unidos, y trabajadora social Forense en una organización de interés público en Washington DC. Fue coordinadora de la Red de Soluciones a la Violencia ayudando a prevenir la violencia juvenil en los países del triángulo Norte. Trabajó con jóvenes y adultos en centros de detención en Los Ángeles.

Desde su experiencia, el financiamiento de las organizaciones que trabajan con personas en conflicto con la Ley o en procesos de reinserción es una ventaja ya que esto les permite atender a personas que no tienen los recursos para enfrentar procesos judiciales en los tribunales de Estados Unidos.

“Cuando pasan cosas impactantes en la vida de las personas, situaciones que sirven para que reflexionen sobre sus vidas, esa es una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. En este trabajo apoyamos para que las personas entren en esa reflexión y desistan de sus formas de vida. Nadie es rechazado por carecer de fondos, de hecho, los clientes tienen el derecho de despedirnos”, dijo la experta en su intervención.

Para ella hay una amplia población que tiene la voluntad de dejar la vida delictiva y reconoce por ejemplo que los vínculos que se crean en las pandillas son similares a los que existen en una familia, “porque las pandillas toman el lugar de la familia en la vida de los jóvenes”, enfatizó.

“Aquí se hace necesario el apoyo institucional y de la comunidad. Es importante reconocer que dar oportunidades beneficia no solo a la persona que quiere cambiar su estilo de vida, sino a una amplia población. La creación de oportunidades que permitan el sustento y otras necesidades aleja de la vida delictiva. En Los Ángeles se realizó un estudio que demostró que un homicidio les cuesta a los contribuyentes dos millones de dólares, eso impacta”, agregó.

Mencionó que hay una “población de intervención” o población en riesgo con la que hay que trabajar para evitar su ingreso a grupos delictivos, es decir un enfoque de prevención.

Bertha Najarro, abogada, con más de 20 años de experiencia en la implementación de Justicia penal Juvenil y justicia restaurativa en el país y quien ha sido jueza de ejecución de medidas al menor se refirió a los retos y casos de éxito que se han tenido en la implementación de programas desde un enfoque social y desde el Estado en El Salvador.

“No es necesario crear programas sofisticados para que jóvenes ya no pertenezcan a grupos delictivos, lo que se necesita es la voluntad y el apoyo del Estado y de la organización social. Me refiero a programas de justicia restaurativa en el que se prepare al joven, a la familia, a la comunidad para fortalecer las relaciones en las comunidades donde pertenecen. Además, la creación de programas de seguimiento de servicio comunitario con el apoyo del Sistema Judicial y crear políticas que incluyan instrumentos, protocolos, mecanismos para las instituciones que ejecutarán los programas”, dijo la experta.

Reconoció el aporte de la iglesia evangélica en cuanto al trabajo que realizan, siendo pioneros en llevar a cabo programas que dan respuesta a la violencia, pero enfatizó en que “este (desistimiento) es un proceso holístico en el que se tiene que involucrar a la familia, a la sociedad en su conjunto, a la comunidad”.

Ambas coincidieron en la necesidad de fortalecer financieramente programas de impacto y el estudio de casos de éxito, así como la creación de políticas basadas en evidencia para impulsar estrategias funcionales en los territorios.

A la fecha, el espacio Explorando Caminos ha permitido el análisis de temas como la implementación del modelo inserción social del Proyecto Pionero enfocado en adultos y el de jóvenes internos en Tonacatepeque, así como el trabajo de las Organizaciones Basadas en la fe y de otras instituciones no religiosas.

El Proyecto Pionero en Inserción Social es implementado por el PNUD, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en asocio con la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, la Dirección General de Centros Penales, el Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Educación. El Banco Mundial contribuye como socio clave en el desarrollo de las actividades del Foro.

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