Con el propósito de contribuir al fortalecimiento del trabajo de instituciones claves que atienden a población migrante, se desarrollaron una serie de capacitaciones en temas de violencia de género y derechos humanos, dirigidas al Consejo Nacional para la Protección de la Persona Migrante y su Familia (Conmigrantes).

Los talleres fueron realizados por el PNUD, a través del proyecto Respuesta Trinacional para una Movilidad Humana Digna, Pacífica e Inclusiva en el Norte de Centroamérica, financiado por el Fondo de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz (PBF).

Entre noviembre y diciembre, se realizaron tres talleres relacionados con el abordaje de casos con enfoque de género. A partir de estos, también se elaboró un protocolo para la atención de casos de violencia en la institución.

Las y los participantes coincidieron en que estas actividades de formación amplían sus capacidades técnicas y conocimientos, permitiendo la identificación y abordaje de casos de manera oportuna y efectiva, así como mejores respuestas a las víctimas.

Durante las jornadas, también se compartió sobre auto cuido en tiempos de COVID-19, salud integral y apoyo psicológico para personal de Conmigrantes, específicamente para quienes atienden en primera línea casos graves de retorno y reinserción.

Otros temas abordados fueron los relacionados con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección para las Mujeres, y el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia.  Se brindaron espacios de reflexión e intercambio sobre cómo colaborar desde CONMIGRANTES para mejorar las condiciones de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes.

En las jornadas también se contó con la participación del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Médicos del Mundo y el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide).

Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, entre 2016 y 2019, más de 800,000 personas fueron retornadas a Guatemala, Honduras y El Salvador, de los cuales 13.3% fueron mujeres, 10.8% niños, y 5.8% niñas.

Las mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañados, y personas LGBTIQ están particularmente expuestas a situaciones de violencia y vulneración de derechos, lo que requiere estrategias para promover, proteger y hacer cumplir los derechos humanos de todas las personas los migrantes, cualquiera que sea su condición, con especial atención a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible reconoce la contribución de la migración al desarrollo sostenible. Once de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contienen metas e indicadores relacionados con la migración o el desplazamiento. El principio básico de la Agenda es no dejar a nadie atrás.